Te oigo defender, Fernando, en tus entrevistas televisivas, el principio de solidaridad en el que se basa el modelo de convivencia de España que «nos lleva a la igualdad», principio roto por el acuerdo de financiación autonómica para Cataluña alcanzado ente PSOE y ERC, afirmas.
Curiosa posición que contrasta con otros clamorosos silencios tuyos sobre cuestiones relacionadas con el SFA, por ejemplo, sobre la cláusula del ‘statu quo’, introducida en las reformas de Aznar y que perpetúa las diferencias de financiación entre Comunidades Autónomas con especial afección para nuestra Región, o sobre la negativa de Rajoy a revisar el sistema caducado desde 2014, o sobre que Feijoó defendiera el criterio de dispersión poblacional (perjudicial para la Región) frente al de población ajustada.
Es chocante, también, tu insistencia al Estado de mayor financiación mientras privas al presupuesto regional de 400 millones de euros anuales a base de bonificaciones fiscales a las rentas más altas, fundamentalmente del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: a mayores herencias, mayores bonificaciones. Curiosa forma tuya de entender la solidaridad.
No obstante, aunque el acuerdo tripartito de gobierno de las izquierdas en Cataluña es una buena noticia por las políticas sociales que anuncia, en el principio de pacto económico PSOE-ERC no es admisible el concepto de ordinalidad que introduce por el que Cataluña deba ser la segunda Comunidad Autónoma que más financiación por habitante reciba al ser la segunda que más aporta.
Visto desde la izquierda esto pone en peligro la necesaria garantía de un suelo de financiación que armonice la calidad de los servicios públicos independientemente de la capacidad financiera del lugar donde se resida y perpetuaría las diferencias de financiación entre Comunidades; se trata de
anteponer una visión de clase, no de territorio. Aun así, existe un problema global de financiación autonómica que es necesario resolver, no solo para Cataluña.
La necesaria reforma del sistema debería contemplar, además, un plan de reducción de la deuda autonómica con el Estado, basarse para el reparto en el criterio de población ajustada, previa revisión de sus variables y sus correspondientes ponderaciones, e ir ligada a una profunda reforma fiscal que asegure los recursos necesarios y garantice el cumplimiento solidario de aporte tributario al sistema para el conjunto de las Comunidades, evitando la competencia fiscal desleal entre ellas; en definitiva, caminar hacia el encaje federal del Estado.
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